El regidor del PAN Alejandro Jiménez Vargas lanzó un señalamiento directo contra el edil de Morena Antonio Domínguez, a quien acusó de incumplir con sus responsabilidades al no acudir a comisiones y respaldarse en asistencias virtuales para simular trabajo dentro del Cabildo.
El edil panista sostuvo que la ausencia reiterada de Antonio Domínguez en las comisiones para las que fue designado evidencia una falta de compromiso con el cargo público, situación que, afirmó, se ve facilitada por la posibilidad de registrar asistencias mediante dispositivos móviles.
De acuerdo con el planteamiento de Jiménez Vargas, la participación virtual se ha convertido en un mecanismo que permite a algunos regidores evadir obligaciones que, por su naturaleza, deben cumplirse de manera presencial, lo que afecta la transparencia y debilita la responsabilidad institucional frente a la ciudadanía.
Señaló que esta práctica se ha normalizado dentro de los órganos de gobierno como una forma de aparentar cumplimiento, aun cuando no existe una dedicación real de tiempo completo al encargo público. En ese sentido, insistió en que la asistencia física a sesiones y comisiones permitiría identificar con claridad quiénes cumplen efectivamente con su función y quiénes utilizan la conexión remota como pretexto para no acudir.
Aunque reconoció que el uso de herramientas tecnológicas puede ser válido en situaciones extraordinarias, advirtió que su aplicación indiscriminada ha provocado una pérdida de seriedad en el ejercicio legislativo y administrativo, además de fomentar conductas que consideró contrarias a la ética del servicio público.
El regidor puntualizó que la generalización de las asistencias a distancia ha permitido justificar ausencias innecesarias, lo que representa una falta de respeto tanto al cargo como a la responsabilidad de representación ciudadana.
Las sesiones remotas fueron adoptadas durante la contingencia sanitaria por COVID-19 como una medida excepcional para mantener la operación de cabildos y congresos. No obstante, a varios años de su implementación, en distintos municipios del país se ha intensificado el debate sobre su permanencia, ante señalamientos de que afectan la rendición de cuentas, la disciplina interna y la calidad del trabajo legislativo.
